El llamado de la Orinoquia: La crisis ambiental del Casanare y el modelo de intervención en los Llanos Orientales de Colombia.

Nuestra Organización viene haciendo presencia en los denominados Llanos Orientales de Colombia desde mediados de la década pasada, pero desde 2012 tuvimos la oportunidad de hacerlo de forma más continua, gracias a

una propuesta que buscaba identificar sitios de interés para ser conservados teniendo en cuenta la abundancia o la singularidad de las aves acuáticas presentes. El proyecto también buscaba generar capacidad técnica local para el monitoreo y la evaluación de poblaciones de aves acuáticas y de humedales en la zona y obtener información de calidad para empezar a entender la relación entre la distribución de estos organismos y la disponibilidad de hábitats en los departamentos de Meta y Casanare, todo esto pensando en aportar conocimiento y capacidad para que pobladores y autoridades contaran con información novedosa que les permitiera la toma de decisiones acertadas ante los grandes retos ambientales y de planificación del territorio a los que se enfrenta la región desde hace algunos años.

 

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La Orinoquia colombiana es hoy por hoy un territorio cambiante, una zona en donde están presentes con todo su poder, dos de las principales locomotoras de desarrollo del gobierno actual: la minería (hidrocarburos) y la agroindustria, pero también es una región en donde este modelo de desarrollo ha generado dudas y debates desde la Sociedad Civil debido a su sostenibilidad ambiental y social.

 

Hace algunas semanas la mayor parte de Colombia no sabía que existía un municipio llamado Paz de Ariporo, este aprendizaje se dio debido a un evento lamentable, por lo que será tristemente recordado por ser el lugar en donde se morían los chigüiros debido al intenso verano.

 

Ante las impactantes imágenes de numerosos animales jadeantes e impotentes que se calcinaban bajo el sol llanero, la opinión pública se pregunta ¿por qué esta situación? Las respuestas no se han hecho esperar; por un lado las fuentes oficiales como el  IDEAM y el Instituto Humboldt señalan que en estos meses la precipitación en la región es nula y las temperaturas son tremendamente elevadas, generando la desecación de zonas de inundación, jagüeyes y abrevaderos de los que depende la fauna silvestre. Otras voces cuestionan la responsabilidad de gremios como palmeros, cañicultores y arroceros, actividades productivas que están demandando grandes volúmenes de agua. Las empresas de hidrocarburos están también en el ojo del huracán porque dicen los llaneros “Pata al suelo” de la región, que las actividades de prospección sísmica han hecho profundizar los acuíferos y que para la extracción del crudo se inyectan grandes cantidades de agua superficial. Finalmente las autoridades ambientales del orden regional y nacional no se quedan sin ser señaladas debido a su pasividad, al igual que la clase política departamental, la cual es reconocida como una de las más corruptas del país.

 

Sin desconocer la importancia que el despliegue mediático dio a este hecho, todos sabemos que en algunas semanas otra tragedia o evento sucederá en otra región del país y hacia allá se irán las cámaras de los noticieros, entonces la historia de los chigüiros y jagüeyes secos empezará su lento, pero inexorable proceso de sedimentación en la memoria colectiva nacional.

 

Por lo anterior, la magnitud y gravedad de esta crisis ambiental no debe verse como un hecho aislado, sino que debe ser tomada como un llamado a revisar los cambios profundos que se vienen dando en la región, producto de la forma de intervención que se está haciendo, en donde pareciera que lo importante es aprovechar a toda costa los recursos de una tierra que ha estado “subutilizada” por décadas.

 

Que mueran de sed miles de animales propios de la sabana inundable no deja de ser un hecho alarmante, pero por ahora es solo una manifestación dramática de una realidad; un campanazo de alerta de lo que puede ser el futuro sino se hace lo que todos sabemos se debe hacer: la planificación del territorio, a escala municipal, regional y nacional, tomando decisiones con base en la mejor información técnica disponible y valorando adecuadamente los bienes y servicios ambientales que presta nuestro capital natural, así como los costos económicos, sociales y políticos de su degradación o restauración.

 

En estos momentos de efervescencia y calor, hay más acusaciones que respuestas. Y aunque se prometen investigaciones exhaustivas y la opinión pública clama por una respuesta a la pregunta fundamental, nos encontramos (como casi siempre en este país) con que no contamos con la información adecuada que nos permita emitir un concepto técnico contundente ya que no tenemos información histórica para analizar los efectos que han tenido los proyectos productivos y de intervención que se han dado no solo en la llanura, sino también en el pie de monte de la Cordillera Oriental colombiana.

 

Entonces, cómo esperar entender los efectos que se producen a escala de paisaje o aspirar a tener información sobre la función de la biodiversidad en los ecosistemas?, o los efectos de las numerosas concesiones de aguas otorgadas a las extensas zonas de cultivos de caña de azúcar, palma africana o arroz existentes en la región? o de la actividad minera que domina la escena llanera en la actualidad?

 

Es necesario que todos los sectores interesados en estos temas en general y en la región en particular, hagamos un esfuerzo mancomunado, pluralista y sostenido en la búsqueda de un camino común y unos objetivos concertados. La normatividad colombiana vigente exige que los municipios ordenen su territorio con base en la identificación de los determinantes ambientales y la estructura ecológica local, garantizando de esta forma los procesos productivos y su correcto manejo.

 

Son fundamentales también los análisis multitemporales e históricos que identifiquen  los efectos actuales o futuros de las intervenciones y que los tomadores de decisiones tengan la capacidad e información necesaria para ordenar y planificar en un escenario de alta diversidad biológica, ecosistémica y social; no hacerlo de esta manera seguirá siendo un atentado en contra de nuestro capital natural.

 

El llamado entonces es a aprovechar este momento coyuntural para sacar un buen aprendizaje y lograr un pacto social fundamentado en el respeto por el capital natural de la región, que se haga también una transparente y juiciosa revisión y reformulación de los planes de ordenamiento territorial, procurando tener un acompañamiento técnico adecuado que permita proponer nuevos derroteros y propuestas en busca de definir la mejor forma de usar el territorio, contribuir con el desarrollo del país, pero sin comprometer el futuro de las próximas generaciones.

 

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Por: Luis Fernando Castillo – Director Asociación Calidris.

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